Versión.
Todo indica que el agua se ha convertido en una verdadera prioridad para nuestro país. La firma del Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad, suscrito por la presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; el director general de la Conagua, Efraín Morales, los 31 gobernadores estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México constituye un hito histórico en la gestión de los recursos hídricos en México. Este acuerdo tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo al agua, reconocer su valor como un derecho humano y promover prácticas sostenibles para enfrentar la creciente crisis hídrica.
Es importante destacar que en el evento estuvieron presentes los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, el rector de la UNAM, el director del Instituto Politécnico Nacional, el rector del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el rector de la UAM, así como agricultores, campesinos, ganaderos, empresarios y la mayoría de los integrantes del gabinete federal.
El diagnóstico presentado en el evento refleja claramente la grave situación hídrica en nuestro país: nuestros ríos se encuentran entre los más contaminados del mundo, más del 80% de los municipios enfrentan estrés hídrico y 104 de las 757 cuencas hidrográficas carecen de disponibilidad de agua, lo que afecta tanto al consumo humano como al desarrollo agrícola, ganadero e industrial.
Un tema recurrente en los discursos pronunciados durante el evento fue el hecho de que, desde la década del 90, el agua comenzó a ser tratada como una mercancía, de lo que vale la pena abundar.
Como antecedente en la gestión del agua en nuestro país, se tuvo la Ley Federal de Aguas, promulgada en 1972, que reguló el uso del agua en México durante un largo periodo, estableciendo principios básicos de propiedad, concesión y administración de los recursos hídricos. Esta ley fue sustituida por la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que introdujo mecanismos más detallados para la planificación y conservación de las cuencas hidrográficas, además de enfatizar la participación de las comunidades locales y autoridades regionales en la gestión del agua, fortaleciendo el papel de la Conagua.
Aunque la LAN representó un avance significativo en la gestión del agua en el país, el problema subyacente es que su concepción partió de la idea de que el agua, administrada como mercancía, podría ser gestionada de manera más eficiente a través de los mecanismos del mercado. Aunque las concesiones otorgadas no son vitalicias y están sujetas a prórrogas, es posible su transferencia entre particulares mediante un simple aviso a la autoridad.
El tema central es que, mientras que antes de la LAN las concesiones eran facultad exclusiva del Presidente de la República, con la nueva ley y los oficios delegatorios, ahora las concesiones pueden ser otorgadas por la Dirección General, la Subdirección de Administración del Agua, las direcciones regionales y las direcciones estatales de la Conagua. Con el paso de los años se ha ido perdiendo el control y, hoy en día, las cuencas más importantes del país están sobreconcesionadas.
Hasta la fecha, se han otorgado alrededor de 550,000 concesiones para el uso y aprovechamiento del agua en un mercado donde la posibilidad de transferencia entre particulares podría valorarse en miles de millones de pesos. Aunque éste no era el objetivo original de la LAN, el agua se ha convertido, efectivamente, en una mercancía.
Tal como se mencionó en el evento, es necesario un acuerdo integral que conlleve cambios jurídicos para poner orden en las concesiones, que el agua sea propiedad de la nación estableciendo un único registro, donde se eliminen las transmisiones de agua entre particulares, entre otros aspectos importantes por regular para poder garantizar el agua como un derecho humano.[tc <-]
|