¿Concluirá al fin la larga noche de 200 años para los pueblos discriminados tras la modificación reciente de la Carla Magna? Si bien la antropóloga Lourdes Arizpe sostiene que el reconocimiento de sus derechos públicos es una revolución cultural, para el jurista especializado Francisco López Bárcenas deja fuera dos derechos estratégicos: la representación política ante los congresos, y el control de territorios y recursos naturales por los propios indígenas.


La Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos -aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre para iniciar su vigencia- "no es la iniciativa que se consensuó entre la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y varias organizaciones de indígenas con la participación de especialistas en el tema".

Lo asegura el abogado oaxaqueño Francisco López Bárcenas, especialista en derechos de los pueblos originarios.

Ipso facto va más allá en entrevista:

"Y esa Reforma Indígena y Afromexicana -que se adiciona y deroga el Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos- no modifica el modelo extractivista que afecta a los pueblos y comunidades indígenas".

(El extractivismo se refiere al proceso desmedido de extracción o eliminación de bienes naturales comunes con fines económicos, en el cual se pondera el dinero sobre el ambiente y sobre las formas de vida.)

López Bárcenas estudió derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y maestría y doctorado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor en universidades públicas y privadas, e investigador en el Instituto Nacional Indigenista -ahora INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas)-, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, y en El Colegio de San Luis, A. C. donde se desempeña.

Autor de varios libros, acaba de terminar Estado, multiculturalismo y multietnicidad. Los derechos indígenas y afromexicanos en las constituciones políticas de México, en proceso de edición por la editorial Pluralia, para circular a principios de 2025. Específica entonces que en este 2024 se cumplen 200 años de la aprobación de la primera Constitución política del país, que dio origen y estructura al Estado Mexicano, y desarrolla desde entonces cómo se han tratado los derechos de los nativos.

Cabe destacar que en su último día de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, "con el fin de saldar una deuda histórica y hacer justicia a los pueblos del México profundo", explica el INPI en un boletín del 30 de septiembre. La iniciativa -se lee- reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Proceso solicitó varias veces entrevista con el titular del INPI, el también abogado Adelfo Regino Montes, y hasta el cierre de esta edición no se ha concretado, debido a su apretada agenda, a decir de su representante de prensa.

En tanto, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en la toma de su posesión el 1 de octubre, recordó que López Obrador trabajó con los mayas chontales, por lo que matizó:

"No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México".

** Otro proyecto

López Bárcenas, también escritor de Agua y pueblos indígenas, rememora que la Constitución de 1824 e igualmente las de 1856 y 1857, no sólo desconocieron a los pueblos indígenas, "sino que se buscó la manera de desaparecerlos".

La de 1917, creada de una revolución campesina y popular -indica-, modificó un tanto esa posición, pues si bien se reconocieron sus derechos sobre la tierra, "no sus gobiernos propios".

Es la constitución vigente, y ha tenido tres reformas al respecto:

En 1992, a 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a tierras de lo que hoy es el continente americano, se promovieron cambios al artículo cuarto que, a decir del investigador, fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana.

La segunda data de 1994. El primer día de ese año, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (ahora T-MEC), irrumpió en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con 13 demandas en derechos de los pueblos indígenas. Después del cese al fuego y de meses de consulta entre los rebeldes y el gobierno federal, se concretaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, más conocidos como Acuerdos de San Andrés.

El su libro, López Bárcenas expresa que éstos no fueron cumplidos "sino hasta cinco años después de firmados, cuando una gran movilización ciudadana sacó de la presidencia al Partido Revolucionario Institucional." Y más: "La manera en que lo acordado se incorporó a la Constitución no satisfizo a los rebeldes que los firmaron, ni a la mayoría de los pueblos indígenas del país."

Y la tercera, el 14 de agosto del 2001, al publicarse en el DOF la modificación de varios artículos para cumplir con los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno y el EZLN, "mas por la decisión de los partidos políticos se aprobó algo distinto".

Por otra parte, el 13 de marzo del 2003 fue dada a conocer la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y el 17 de enero del 2022 salió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El 5 de febrero de este año, López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga el Artículo 2o. de la Constitución, "que no es la consensuada", según denuncia del académico, quien ha incursionado en la administración pública como director de Procuración de Justicia en el entonces Instituto Nacional Indigenista.

Evoca que las propuestas y conclusiones del consenso de organizaciones indígenas fueron entregadas al expresidente de la República en dos ocasiones: una el 9 de agosto del 2019 en la ciudad de Durango, y otra el 28 de septiembre del 2021 en territorio yaqui.

"A ninguna dio alguna respuesta y al final las ignoró. Presentó, en cambio, una iniciativa de reforma constitucional distinta".

Aunque en sus comunicados, el INPI sostiene:

"Con el objetivo de construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicanos, del 21 de junio al 4 de agosto de 2019, se realizaron 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con migrantes indígenas radicados en Estados Unidos. Con las aportaciones retomadas en las 62 asambleas, un comité técnico de expertos integró un documento consolidado de la Iniciativa.

"Después, del 19 de junio al 25 de julio de 2021, se llevaron a cabo 62 asambleas de seguimiento del proceso de consulta libre, previa e informada sobre la Reforma Constitucional. Una vez hecha la consulta e integrado el documento, el 28 de septiembre del 2021, se entregó la iniciativa al expresidente de la República en la comunidad de Vícam Pueblo, primera cabecera de los yaquis en el marco del evento denominado 'Justicia al Pueblo Yaqui. Petición de perdón por agravios a los pueblos originarios'".

También específica dicha instancia:

"De diciembre del 2023 a enero del 2024, dio inicio el proceso de análisis final de la Iniciativa de Reforma coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación".

Y refuerza:

"La reforma busca eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos".

La Reforma Indígena y Afromexicana modifica 15 artículos de la Constitución y se basa en los siguientes principios:

México es una sociedad pluricultural. Los pueblos indígenas son sujetos de derechos. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y al autogobierno. Los pueblos indígenas tienen derecho a concebir, aprobar y aplicar sus propios sistemas normativos. El Estado debe promover la igualdad de oportunidades de los indígenas. El Estado debe promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la construcción de los modelos educativos. Los pueblos indígenas tienen derecho a la atención adecuada en sus propias lenguas.

El siguiente es el link del texto íntegro publicado en el DOF: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php7codigo=5739986&fecha=30/09/2024#gsc.tab=0.

López Barcenas acentúa que en la propuesta elaborada en ese proceso de consulta se decantaba por la reforma de 17 artículos de la Constitución para reconocer o adecuar derechos ya reconocidos.

En su libro es tajante:

"Ni siquiera (AMLO) tomó la iniciativa como base para elaborar la suya, sólo retomó algunos aspectos secundarios y dejó fuera los sustanciales".


** Derechos omitidos

Al analista se le pregunta:

-Con esta reforma aprobada, ¿realmente hay un avance a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos?

-Formalmente hay un avance importante, pero deja fuera los derechos estratégicos de los pueblos. Como lo digo en el libro, desde la Constitución de 1824 quedaron excluidos los indígenas. En la Constitución surgida de la revolución de 1910, se ocupó de ellos sólo en el aspecto agrario, y las reformas de finales del siglo XX tuvieron un carácter marcadamente culturalista, poniendo énfasis en los derechos culturales.

"La del 2001 es la más amplia, pero existen dos derechos que nunca se han tocado en México. Uno es el de la representación política ante los congresos locales y federales. Por ejemplo, ahora que los jueces serán electos, los pueblos originarios no pintan para eso".

Otro derecho ignorado -explica- es muy importante por la coyuntura económica de México:

"Es el del control de los territorios y los recursos naturales por los propios pueblos indígenas. Actualmente nuestro desarrollo económico está sustentado en el extractivismo, la minería, el agua y el maíz; con este último México perdió hace unos días el panel de solución de controversias contra Estados Unidos con respecto a las restricciones a las importaciones mexicanas del maíz transgénico estadunidense, pero de eso no se dice nada, porque el modelo económico sigue siendo el neoliberal".

Le llama la atención que en todas las 20 iniciativas del expresidente López Obrador hubo oposición, menos en la de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

-¿Cómo ve la representatividad de los afrodescendientes en esta reforma?

-Es un tema no muy maduro. Es muy reciente su incorporación. Se hizo equiparando todos sus derechos a los indígenas, y no sé si sea la mejor manera de añadirlos o se está forzando para no generar más debate.

Al final se le interroga si con estas modificaciones se logrará acabar con el racismo, la discriminación y la invisibilidad de estas comunidades, e indica:

"Se va a lograr en la medida en que no afecten al capital. El patrimonio cultural de los pueblos originarios se ha convertido en una muy buena mercancía, sobre todo a nivel internacional, donde se apropian de sus diseños de bordados, y no se pone un alto a eso. Hay que esperar. La reforma dice que en ciento ochenta días, a partir de que entró en vigor, el Congreso de la Uniós debe expedir la ley general de la materia y adecuar las leyes y las instituciones".

** Lourdes Arizpe

La historiadora, etnóloga y antropóloga de larga trayectoria, Lourdes Arizpe, publicó un TikTok:

"Ahora sí se llevó a cabo la reforma constitucional del Artículo Segundo para señalar que quienes se reconozcan como pueblos originarios, que hablen y practiquen una lengua antigua y tradiciones ancestrales, ya no son sujetos de interés público, como eran antes, sino sujetos de derechos públicos. Significa que lo que haga el gobierno hacia ellos, ya no será otorgado como dávida o como programas asistenciales, sino reconociendo los derechos que el Estado le confiere a esas comunidades. ¿Ven ustedes la diferencia? ¡Es enorme! ¡Es una verdadera revolución cultural!".

Proceso requirió una charla con ella para hablar del tópico, pero declinó la invitación porque "si bien trabajé muchos años sobre este tema, ahora no podría contestar preguntas que requieren no sólo estar al día en la discusión sobre éste, sino también mayor precisión en cuanto a los puntos legislativos".

Por su parte, la presidenta Sheinbaum anunció el 9 de noviembre pasado que se trabaja en las leyes secundarias de la recién aprobada Reforma Constitucional. Además, explicó que la idea es que para el 2025 los pueblos originarios ya cuenten con un presupuesto propio.

Y el Senado dio a conocer el 13, cuatro días después, que se sumará a los trabajos que realizará el Comité Técnico que integrará el INPI para el proceso de consulta a los pueblos originarios, en torno a la elaboración de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para cumplir el mandato de la reforma constitucional.[tc <-]